La evasión fiscal frente a la pobreza global.

Por décadas, las corporaciones multinacionales, especialmente las que tienen su sede en los países centrales, han canalizado miles de millones de dólares en ganancias a paraísos fiscales, ganando aún más dinero para sus accionistas.

Es por eso que un acuerdo global negociado en 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue un gran negocio: estableció un impuesto mínimo global del 15% e incluyó algunas formas en que los países podrían recaudar ese impuesto incluso si los paraísos fiscales y las empresas no estaban cooperando.

Pero las corporaciones ya están encontrando nuevas formas de eludir ese acuerdo; un desarrollo que terminará reduciendo la cantidad de impuestos corporativos que los países pueden recaudar en aproximadamente la mitad de lo que se esperaba originalmente: 135.000 millones de dólares anuales en lugar de 270.000 millones de dólares, según un informe publicado por el Observatorio Fiscal de la UE el 23 de octubre.

Este hallazgo es un gran problema porque la evasión fiscal exacerba la desigualdad global, tomando dinero que podría haber sido utilizado por los gobiernos para políticas que mejoran la vida de sus ciudadanos y, en cambio, dándoselo a los accionistas de corporaciones gigantes.

El acuerdo de 2021 dificultó que las empresas trasladaran sus beneficios a países de baja tributación, afirma Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la UE y uno de los coordinadores del informe. Pero en cambio, las empresas ahora van a trasladar sus ganancias a países que ofrecen grandes créditos fiscales o subsidios, incluidos algunos de la UE. Los gobiernos están utilizando cada vez más los créditos fiscales reembolsables, como la Ley de Reducción de la Inflación, como su nueva forma de estructurar la política fiscal corporativa, dice Zucman.

Evadir impuestos es un arte que las empresas han perfeccionado en las últimas décadas. En las décadas de 1970 y 1980, según datos del Observatorio Fiscal de la UE, apenas se trasladaron ganancias a paraísos fiscales, países como Bermudas e Irlanda, donde las empresas con sede en lugares con impuestos relativamente altos como Estados Unidos y Europa podían trasladar sus operaciones sobre el papel y solo pagar impuestos mínimos (o en algunos casos nulos) sobre sus ganancias. Pero eso cambió en las décadas de 1990 y 2000, cuando alrededor de un tercio de las ganancias extranjeras de las corporaciones multinacionales estadounidenses se trasladaron a paraísos fiscales. En 2010, las empresas con sede en países centrales comenzaron a generar aún más ganancias, alrededor del 50%, y el nivel se ha mantenido elevado desde entonces, según el informe del Observatorio Fiscal. Alrededor de 1 billón de dólares en ganancias se trasladaron a paraísos fiscales en 2022, según el informe.

Un método común de traslado de beneficios corporativos funciona de la siguiente manera: una empresa como Microsoft vende su propiedad intelectual a una subsidiaria en un país con impuestos bajos y luego paga a esa subsidiaria por el uso de esa propiedad intelectual. La subsidiaria extranjera obtiene enormes ganancias que normalmente aparecerían en el libro de ganancias de Microsoft en los EE. UU. o el Reino Unido, pero que en cambio aparecen en el paraíso fiscal y, por lo tanto, se gravan a una tasa muy baja. En realidad, esta es una estrategia que utilizó Microsoft, vendiendo su propiedad intelectual a una fábrica de 85 personas en Puerto Rico, donde su tasa impositiva era cercana al 0%, según ProPublica. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) dice que Microsoft le debe 29.000 millones de dólares en impuestos atrasados. En respuesta a las preguntas de ProPublica sobre el tema, la compañía se negó a discutir los detalles, diciendo solo que "sigue la ley y siempre ha pagado completamente los impuestos que debe".

En algunos de los paraísos fiscales más utilizados, como Bermudas, las Islas Caimán e Irlanda, las empresas estadounidenses reportaron decenas de miles de millones de dólares de ganancias a pesar de tener pocos empleados, según un análisis del Instituto de Tributación y Política Económica. En 2019, por ejemplo, las empresas estadounidenses reportaron 30.700 millones de dólares en ganancias en Bermudas, lo que representa alrededor de 36 millones de dólares por empleado allí. El statu quo permite a las multinacionales "utilizar trucos contables para informar de tonterías completas a sus autoridades fiscales", dice Steve Wamhoff, director de política fiscal federal en el Instituto de Tributación y Política Económica.

Tanto la UE como Estados Unidos han tratado de frenar el traslado de beneficios, a sabiendas de que les estaba costando miles de millones de dólares, pero no se lograron avances significativos hasta el acuerdo global de impuestos mínimos en 2021. En ese momento, la OCDE elogió el acuerdo como "innovador" porque facilitó mucho que los países obligaran a las empresas a cumplirlo. Esencialmente, los países firmantes acordaron establecer un piso para que las corporaciones multinacionales pagaran un impuesto de al menos el 15% en cada jurisdicción donde operaran. Si una jurisdicción en la que se encuentra una empresa multinacional no grava a esa empresa con un 15%, el acuerdo hace posible que otros países recauden esos ingresos.

"Es una ratonera muy bien diseñada", dice Mike Kaercher, asesor legal sénior del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York.

Hay algunos obstáculos para la implementación efectiva del acuerdo, el principal es que todos los países participantes tienen que ratificarlo y Estados Unidos, uno de los mayores promotores del acuerdo, aún no ha anunciado ningún plan para hacerlo.

Además, la norma que permite a los países participantes recaudar impuestos mínimos no recaudados por los países no participantes está suspendida temporalmente hasta al menos 2026 para dejar espacio para la adopción y, según Zucman, existe cierta preocupación de que esta suspensión se extienda indefinidamente.

Además, en julio de 2023, la OCDE aclaró que el acuerdo mínimo global no se aplica a ciertos créditos fiscales, como los que ofrece la Ley de Reducción de la Inflación. Parte de la Ley de Reducción de la Inflación permite que los créditos fiscales sean transferibles, lo que significa que una empresa de energía verde puede recibir un crédito fiscal y luego venderlo a otra empresa. lo que permite a la empresa de energía verde obtener el efectivo que tanto necesita y a una empresa multinacional obtener un descuento significativo en su tasa impositiva mínima del 15%.

Si bien durante décadas hubo una carrera a la baja entre los muchos países que redujeron sus tasas impositivas para invitar a las empresas extranjeras a trasladar sus ganancias allí, ahora habrá una carrera de subsidios globales dirigida a los productores de energía verde, argumenta Zucman.

"Es preocupante que el acuerdo global de impuesto mínimo corporativo no aborde esta forma de competencia fiscal y, de hecho, la legitima", escriben Zucman y sus coautores.

Por supuesto, hay un aspecto positivo en esta nueva forma de elusión fiscal; Anima a las empresas a invertir en energía verde. Sin embargo, se corre el riesgo de exacerbar la desigualdad en los países en los que operan las empresas. Podría ayudar a aumentar las ganancias después de impuestos de los accionistas a expensas de todos los demás.

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